El proyecto de ley 1027, presentado por las fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, con el aparente propósito de proteger "las libertades y derechos informativos de la población", es no solamente inconstitucional y peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión, según el constitucionalista Roberto Pereira, sino también presenta problemas de vaguedad y ambigüedad, en opinión del experto Samuel Abad."Es un proyecto notoriamente inconstitucional porque pretende regular, desde el Estado, la objetividad, veracidad, oportunidad y pluralidad de la información, a través de una medida que es manifiestamente absurda", expresó, en diálogo con La República.En su opinión, en el proyecto hay una "presunción absurda" de creer que las personas condenadas por corrupción podrían influir en la línea editorial de los medios. "No hay ninguna conexión conceptual, probada, ni lógica. Es una intervención manifiestamente ilegítima", apuntó.(Edición sábado).