La Defensoría del Pueblo cuestionó el proyecto de ley de la bancada de Fuerza Popular (FP), en el cual plantea que los investigados por presuntos delitos de corrupción no puedan trabajar como directores de medios de comunicación. Dijo que si bien implementación de políticas públicas eficaces para erradicar la corrupción es un deber irrenunciable del Estado, la mencionada iniciativa no contribuye con ese propósito. "Más bien colisiona directamente con derechos y libertades reconocidas en la Constitución, tales como la libertad de expresión, el derecho a la presunción de inocencia", precisó a través de un comunicado.