El Gobierno del Perú deploró la decisión adoptada por la Contraloría General de Venezuela que inhabilita para ejercer la función pública al gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, por un período de quince años. A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno peruano rechazó también el atentado perpetrado contra una de las sedes de campaña del partido "Primero Justicia", en la que se encontraba dicho líder opositor. "Dichas acciones atentan gravemente contra el ejercicio de las libertades civiles y políticas, y constituyen nuevos obstáculos para la solución pacífica a la crisis que atraviesa Venezuela", sostiene el comunicado.