Los abogados José Francisco Zaragoza Amiel y Gustavo Fernando Salazar Delgado crearon una empresa offshore con domicilio en Montevideo, Uruguay, para que el ex gobernador regional del Cusco Jorge Acurio Tito recibiera el soborno de Odebrecht.Además, se encargaron de elaborar un contrato ficticio de "Acuerdo de asesoramiento de inversiones inmobiliarias" para justificar la transferencias de los US$ 3 millones que Odebrecht se comprometió a pagarle a Acurio. Este sería el pago por facilitar que la constructora brasileña ganara la licitación de la obra de "Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida vía circunvalación de la ciudad del Cusco".Esto evidenciaría, además, según la fiscalía supraprovincial anticorrupción, que Zaragoza Amiel y Salazar Delgado tenían pleno conocimiento de que Jorge Acurio estaba recibiendo un dinero ilícito, de una empresa contratista del Gobierno Regional, y que los fondos de dinero hallados no correspondían con sus actividades legales.