Al 31 de diciembre de 2016, los gobiernos regionales acumulaban 3349 casos de corrupción en investigación en el Ministerio Público y procesos en el Poder Judicial. A dicha cifra -hecha pública en un reciente informe de la Defensoría del Pueblo- se pueden sumar muchos otros juicios.Solo esta semana se detuvo al exgobernador del Cusco Jorge Acurio por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht. También se desarticuló una red dedicada al lavado de activos que, según la Fiscalía, era dirigida desde la cárcel por el exgobernador de Ucayali Jorge Velásquez Portocarrero. Esos son solo dos nombres en una larga lista de máximas autoridades regionales condenadas o implicadas en delitos de corrupción.Para el analista político Diethell Columbus, esta situación es un problema social en el cual se conjugan elementos políticos y normativos. "El tema de la corrupción, a nivel subnacional, obedece básicamente a que quienes participan o son elegidos provienen, en muchos casos, de movimientos regionales que no son partidos. Se forman solo con la finalidad de ser vehículos para llegar al poder. Es necesario mejorar el sistema político-electoral, fortalecer a los partidos y establecer sanciones más claras para las autoridades que cometan infracciones. De lo contrario, vamos a tener un montón de reyezuelos en las regiones que piensan que pueden hacer lo que quieran con el presupuesto público", comenta.(Edición domingo).