OPOSICIÓN BUSCA QUE SOCIAS DE LAS EMPRESAS BRASILEÑAS NO PARTICIPEN EN OBRAS DEL ESTADO

El 13 de febrero, el Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N° 003, el cual dispone que toda empresa condenada por corrupción o que haya admitido delitos, no podrá vender sus activos y participar en obras públicas.Según la norma, esta suspensión se aplicará hasta que se efectúe el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción como el de la empresa Odebrecht. Inmediatamente, la oposición en el Congreso empezó a cuestionar la disposición. En entrevista con Gestión, el vocero alterno del fujimorismo, Daniel Salaverry, adelantó que su bancada evaluaba presentar un proyecto de ley para mejorar el decreto, pues no se consideraba a las firmas consorciadas.