El contralor general de la República, Edgar Alarcón Tejada, deberá responder hasta seis acusaciones que hay en su contra referidas a diversos actos que realizó en dicha institución desde que se desempeñó como funcionario de alto nivel y fue nombrado vicecontralor en enero del 2013. Estos cargos comprenden la compra y venta de automóviles a partir del año 2003 como actividad lucrativa, la adquisición de dos vehículos a un proveedor de la Contraloría a precios presuntamente subvaluados, la información incompleta de sus declaraciones juradas entre los años 2011 y 2015 (ver despiece), así como la liquidación laboral aparentemente irregular a su pareja sentimental, quien trabajaba en la Contraloría.