La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, fue blanco de duros cuestionamientos de parte de parlamentarios de distintas tiendas políticas en el marco de su presentación ante la Comisión de Constitución.Allí, informó que el Estado ha retenido, hasta la fecha, S/8 millones y US$435 mil por concepto de futura reparación civil de Odebrecht. Ello al amparo del Decreto de Urgencia Nº 003 que dio el Ejecutivo y que ordenó a Odebrecht y a otras empresas involucradas en casos de corrupción suspender la transferencia al exterior de su capital proveniente de las inversiones en el Perú, a efectos de garantizar el pago de la reparación civil por daños ocasionados al Estado peruano. Y también obliga a los compradores de activos de dichas empresas comunicar al Ministerio de Justicia la adquisición.La medida fue objeto de numerosas críticas que se centraron, fundamentalmente, en el hecho de que la norma no comprenda a las empresas consorciadas con Odebrecht. Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, acusó al gobierno de proteger a estas firmas alegando el derecho a la presunción de inocencia, mientras que Karina Beteta sostuvo que el decreto permite que "las empresas consorciadas no colaboren con la justicia y sigan teniendo la libertad de hacer lo que les venga en gana".A ellos se sumaron Marco Arana y Marisa Glave, del Frente Amplio.