La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, señaló que el fin del Decreto de Urgencia 003-2017, emitido en febrero último, era garantizar el pago de reparaciones civiles al Estado de parte de Odebrecht y sus empresas asociadas ligadas a actos de corrupción, y no beneficiar a otras empresas cuestionadas por participar en consorcio con ella.No obstante, preciso que por una cuestión constitucional no podían impedir que las empresas que trabajaron con la multinacional brasileña en consorcio, como Graña y Montero (GyM), puedan seguir licitando con el Estado a pesar de no esclarecer sus vínculos con la entrega de coimas y dádivas a altos funcionarios.Estas declaraciones las brindó durante su participación en la Comisión de Constitución en la que muchos de los integrantes de este grupo congresal, sobre todo el fujimorismo, cuestionaron la decisión del Ejecutivo por "considerar en exceso" la presunción de inocencia de la persona jurídica.
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