La demolición del mausoleo senderista continúa siendo una "papa caliente" no solo para el Poder Judicial, sino también para el Ministerio Público y la Municipalidad de Comas, debido a que ninguna de estas instituciones parece responsabilizarse por su demolición ni por la exhumación de los cadáveres que se encuentran allí.Según la última resolución emitida por la Sala Penal Nacional, a la que Correo tuvo acceso, el colegiado B declaró improcedente el pedido de la fiscal superior penal nacional, Luz Ibáñez, que solicitaba que se dejen sin efecto las disposiciones dadas por el Poder Judicial en noviembre de 2016 sobre este caso.Ibáñez señaló que no era posible la intervención de su despacho fiscal en asuntos administrativos de la autoridad edil de Comas. Además, agregó que no era posible garantizar la intangibilidad de los restos humanos porque -a su criterio- han sido bastante manipulados por sus familiares y, por último, esta disposición "vulnera la autonomía fiscal".