El Poder Ejecutivo aprobó la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, orientada a promover y consolidar la intervención del Estado, y lograr resultados eficaces en la lucha contra estos delitos. Se trata de la primera política nacional diseñada en este campo para prevenir, detectar, investigar y sancionar estos ilícitos, y contribuir así a la estabilidad económica, política y social del país, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). Estructura. Esta política se sustenta en siete principios: legalidad y debido proceso, eficiencia, eficacia, cooperación interinstitucional, cooperación internacional, transparencia y rendición de cuentas, y participación de la sociedad civil y el sector privado, detalla el Decreto Supremo N° 018-2017-JUS que la oficializa (Edición sábado).