La suerte del expresidente Alan García parece complicarse. El Ministerio Público no solo amplió por 36 meses la investigación seguida contra el líder aprista y su exesposa, Pilar Nores, por el presunto delito de lavado de activos, sino que, de ahora en adelante, esta pesquisa se realizará bajo la Ley de Crimen Organizado.La hipótesis del fiscal José Castellanos Jara, que investiga a García Pérez, es que es el "líder de una presunta organización criminal cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos", según la resolución a la que tuvo acceso Gestión.Lo más llamativo de esta disposición fiscal es que se señala que habría existido un grupo de testaferros alrededor de García y, al menos, 21 firmas involucradas. Según la página 7 de la resolución, habría habido "cuadros de confianza", que pertenecían al entorno familiar y amical del exmandatario y estaban clasificados en tres niveles.