La propuesta de la bancada de Fuerza Popular para reformar el polémico Decreto de Urgencia 003-2017 -emitido por el Ejecutivo para garantizar el pago de la reparación civil al Estado por empresas corruptas- deja desprotegidos a aproximadamente 20 mil extrabajadores de Odebrecht y a proveedores de esta empresa brasileña en los grandes proyectos que se adjudicó en el Perú.La iniciativa de la bancada fujimorista fue aprobada en primera votación el pasado 5 de octubre, pero el último jueves generó un intenso debate en el Congreso cuando parlamentarios de otras bancadas alertaron que solo "respaldaría la corrupción".El proyecto de ley fue presentado por la congresista fujimorista Karina Beteta en mayo pasado. Luego fue evaluado y aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la también fujimorista Úrsula Letona.(Edición domingo).