El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, informó que su sector evalúa algunas "salidas constitucionales" frente a las reparaciones civiles impagas en favor del Estado, como las que adeudan la terrorista Martha Huatay, excarcelada el lunes, y otros senderistas. Según explicó, el hecho de no pagar la reparación civil es incumplir la condena en su totalidad, pues, en casos como el de Martha Huatay, la sentencia no solo comprende la privación de la libertad, sino también la pena accesoria de resarcir al Estado. "La reparación impaga significa que la sentencia o la pena no ha sido cumplida con todos sus anexos o penas accesorias, es decir, no ha sido cumplida en su integridad (...). Estamos viendo las salidas constitucionales y con respeto a los derechos que tiene cualquier ciudadano", dijo.