Las conclusiones a las que llegó el pleno casatorio sobre la polémica casación 92-2017-Arequipa -consignadas en la resolución publicada ayer en el Diario El Peruano- dejaron conforme al Ministerio Público, que había reclamado que dicha sentencia ponía en riesgo los casos de lavado de activos. El argumento de la Fiscalía se sostenía en que la casación obligaba a acreditar el delito fuente del lavado, lo que conllevaría a archivar las investigaciones si ello no podía ser demostrado.Sin embargo, el pleno casatorio concluyó que la sentencia ya no será vinculante y que para abrir y continuar un caso por lavado de activos en su fase preliminar se debe tener una sospecha simple sobre el delito.En diálogo con Perú21, el fiscal superior Frank Almanza destacó este nuevo estándar y señaló que, con ese pronunciamiento, el Poder Judicial "le dio la razón a la Fiscalía"."La casación de Arequipa nos ponía un estándar probatorio inalcanzable, imposible de lograr, pero con esta resolución se fija uno que la Fiscalía siempre ha manejado", argumentó.