El Poder Ejecutivo presentó una iniciativa legal para impedir a las personas sentenciadas por los delitos de lavado de activos, terrorismo, corrupción y contra la administración pública, prestar servicios al Estado. Así, la propuesta enviada al Congreso, plantea que los ciudadanos con condena consentida por los delitos de lavado de activos, apología al terrorismo, terrorismo, colusión, peculado y corrupción de funcionarios no podrán trabajar en la administración pública.El Gobierno también propone la obligación de inscribir las condenas en el Registro de Sanciones para servidores civiles y de notificar las mismas por parte del Poder Judicial ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).