La denuncia planteada por magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por una supuesta amenaza del Congreso, ha puesto luces nuevamente sobre el caso El Frontón. Para analizar la situación, Perú21 conversó con el constitucionalista Víctor García Toma.Tres magistrados del TC denunciaron ante la CIDH que el Congreso atenta contra su independencia por admitir una denuncia en su contra. ¿Existe una amenaza real?La acción de los miembros del tribunal es indebida porque no hay ninguna evidencia objetiva de una amenaza a la autonomía y repartición de justicia, el hecho de que el Congreso reciba una denuncia y la tramite no significa que esté cuestionando la independencia del TC. Además, es la propia institución la que hace valer su independencia, no necesita a un tercero para defenderla.Pero si invoca a un organismo externo, el TC debe advertir algo serio.Si un ente de justicia como el TC necesita de la colaboración de un tercero para defenderse, en el inciso dos del artículo 159 de la Constitución dice que le corresponde al Ministerio Público preservar la autonomía y red imparcial de justicia. Si el TC necesitaba respaldo, debía recurrir a un órgano interno como la Fiscalía. Con lo que se ha hecho ante la CIDH, se afecta al propio Congreso.Precisamente, el presidente del Parlamento advirtió que con esa queja se muestra ante la comunidad internacional que en Perú existe un "desequilibrio de poderes". ¿Coincide con esa postura?El reclamo del Congreso es correcto. Primero porque el pedido de los magistrados es apresurado; segundo, porque no tiene sustento fáctico; y tercero, porque existen mecanismos internos para actuar.