Las personas condenadas por terrorismo estarán impedidas de laborar en el sector público, según el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Fiscalización. Se trata del proyecto de ley N° 1810/2017-CR, que establece como requisito para trabajar en el sector público no tener condena por terrorismo o apología del terrorismo.La iniciativa legal precisa, en ese sentido, que la rehabilitación de un condenado, luego de cumplir su sentencia, no lo habilita para laborar en el sector público.La propuesta alcanza a todas las entidades de la administración pública que tengan cualquier régimen laboral general o especial vigente para la contratación de personal.