Desde la bancada aprista surgió un proyecto de ley que busca prohibir que todas las entidades públicas puedan publicitar en los medios de comunicación privados y propone que solo lo puedan hacer a través de los estatales a tarifas de costo. La restricción incluye a las entidades públicas de derecho privado y las que estén en regímenes especiales, así como las empresas del Estado, los gobiernos locales y los regionales. "Queda prohibida toda publicidad en medios privados (...) la infracción a este precepto será considerado delito de malversación", refiere la iniciativa impulsada por el congresista Mauricio Mulder. Además, indica que dichas entidades públicas deberán igualmente suscribir cuentas en las principales aplicaciones de redes sociales, en especial aquellas que tengan mayor difusión y número de usuarios y consignar allí sus comunicados, avisos y demás temas de difusión social. En la exposición de motivos, Mulder sostiene que muchas entidades aplican ingentes recursos a los medios comerciales, "los cuales tienen tarifas sumamente altas". "Ello lleva a muchos funcionarios con capacidad de decisión a demandar cada vez más recursos públicos con el fin de dar a conocer sus acciones o, incluso, para eludir obligaciones", refiere.