Uno de los principales puntos del conflicto entre la mayoría fujimorista del Congreso de la República y el Ministerio Público es la situación legal de las empresas peruanas socias de la constructora Odebrecht. Los representantes de Fuerza Popular sostienen que estas no están siendo investigadas, ya que la empresa Graña y Montero aseguró que no ha sido notificada de alguna pesquisa. Por su parte, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, aseguró que sí están siendo investigadas. La pregunta entonces es ¿quién tiene la razón? Fuentes del Ministerio Público han confirmado a El Comercio que las empresas Graña y Montero, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y JJ Camet Contratistas Generales vienen siendo objeto de análisis y peritajes respecto de sus inversiones y finanzas. Incluso, el fiscal a cargo del caso, Hamilton Castro, declaró que "sí existe una investigación a los consorciados [de Odebrecht] a partir de declaraciones de Jorge Barata", quien es uno de los principales aspirantes a la colaboración eficaz. En ese sentido, las fuentes explicaron que la ley exige que las declaraciones de Barata, al estar bajo un proceso especial de colaboración, sean corroboradas antes de tomar cualquier medida.