El Ejecutivo probablemente observe el proyecto de ley que amplía el D.U. 003, que impone restricciones financieras a empresas que hayan sido socias de firmas envueltas en casos de corrupción, como la brasileña Odebrecht.Así lo informó a la agencia Reuters la jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, quien señaló que la norma aprobada por el Congreso podría vulnerar el derecho de presunción de inocencia, así como afectar la cadenas pagos de empresas que ejecutan obras públicas. "No soy abogada, pero sí creo que hay que respetar el tema de presunción de inocencia. Acá no estoy defendiendo a nadie, si hay que investigar a algún funcionario de una determinada empresa que haya hecho un acto de corrupción, que se investigue", señaló en una conferencia con la prensa extranjera.