La Ley de Contrataciones del Estado prohíbe que familiares de los congresistas celebren contratos con las entidades gubernamentales; sin embargo, el caso de la legisladora Gloria Montenegro va en sentido contrario a esta norma.Sucede que el hermano de la legisladora de Alianza Para el Progreso (APP) ha sido proveedor del Estado durante los dos últimos años -durante el periodo en que su familiar se desempeña como legisladora- y ha logrado ganar hasta casi S/100 mil por asesorías.