El domingo pasado, la jefa del Gabinete,Mercedes Aráoz, aseguró que el Gobierno ha podido reducir de manera considerable el nivel de conflictividad social. Es más, recalcó que el Viceministerio de Gobernanza Territorial trabaja activamente en una política de prevención de conflictos.Sin embargo, las cifras expuestas por la Defensoría del Pueblo dicen lo contrario.De acuerdo al último reporte de dicha institución, en los últimos cuatro meses los casos de conflictos sociales activos en el Perú se han incrementado de manera progresiva.Solo en diciembre pasado, la Defensoría del Pueblo registró 119 casos activos. En total, desde agosto del 2017 hasta la fecha se han originado 10 casos, que no han podido ser resueltos por las autoridades.De los 119 casos activos, 5 están en fase temprana, 9 en escalamiento, 39 en desescalamiento, 66 en etapa de diálogo y solo hubo un caso en fase de crisis, en la comunidad nativa de Chapis (Loreto) por un derrame de petróleo.De los 66 conflictos activos en proceso de diálogo, el 84.8% (56 casos) corresponde a enfrentamientos de tipo socioambiental.
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