Dos sistemas de justicia en pugna. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -órgano principal de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente- y el Estado peruano se enfrentaron ayer por su posición respecto del indulto humanitario y el derecho de gracia concedidos a Alberto Fujimori por el presidente Pedro Pablo Kuczynski.En la audiencia de supervisión de sentencia por los casos Barrios Altos y La Cantuta de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, señaló que la liberación de Fujimori contraviene los compromisos internacionales de la verdad y la justicia para las víctimas."Consideramos que el restablecimiento de los derechos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta solo podrá lograrse con orden expresa de revocatoria del indulto", sostuvo Abrao."El indulto no guarda proporcionalidad entre la finalidad que persigue y el impacto a las víctimas y sus familiares", aseveró Luis Silva, otro representante de la CIDH.Más tarde, el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, en declaraciones a RPP, sostuvo una posición diametralmente distinta y defendió la legalidad de la decisión del mandatario, emitida a través de una resolución suprema el 24 de diciembre del año pasado. Para el titular del Minjus, resulta difícil que la Corte-IDH revierta el indulto concedido a Fujimori.Así, Mendoza opinó que "veo casi imposible que Alberto Fujimori regrese (a prisión), porque es una cosa juzgada"."Los indultos podrían ser revisados, pero en una sede nacional. Esto es algo que ya ha hecho el Tribunal Constitucional previamente", añadió Mendoza.(Edición sábado).