El "salvavidas" que el Gobierno le lanzó a las constructoras vinculadas con la corrupción también se hunde, al menos por ahora. El proyecto de ley presentado en la víspera, y que plantea permitir a las empresas comprometidas continuar con sus operaciones en el país, se debatirá recién en marzo, cuando se reinicien las sesiones ordinarias del Congreso de la República.Así lo adelantó el parlamentario Miguel Ángel Torres, miembro de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular, quien durante conferencia de prensa en el Hall de los Pasos Perdidos aseguró que se le dará prioridad a la propuesta; pero cuando se reanude la presente legislatura."A partir del 1 de marzo, este tema va a ser uno de los primeros en ser analizados por las distintas comisiones técnicas (del Congreso). Eso sí, la población debe tener claro y presente que en estos días el Poder Ejecutivo tiene que emitir alguna medida, algún decreto de urgencia que asegure los intereses del Estado", manifestó.