Prófugo en Estados Unidos desde hace un año, el ex presidente Alejandro Toledo no ha dejado pasar cuanta oportunidad legal haya surgido para intentar que se archive o anule el proceso por el Caso Odebrecht, en el que es investigado por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos a raíz de presuntos sobornos recibidos por empresas brasileñas durante su gobierno. Así, desde abril del 2017, el Caso Odebrecht se vio envuelto en una disputa sobre qué instancia judicial debía quedarse con el proceso, en el que Toledo también está implicado. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial había dispuesto que todos los casos de corrupción (Odebrecht, Camargo Correa y otros) que estuvieran en manos de la Sala Penal Nacional pasaran al nuevo sistema anticorrupción.Eso fue aprovechado por la defensa del ex gobernante, que no solo interpuso un pedido de aplicación de la resolución del Consejo Ejecutivo, sino también planteó una recusación y finalmente la declinatoria de competencia del caso, con el fin de que el juez Richard Concepción Carhuancho -quien dictó su prisión preventiva- no esté a cargo del proceso.(Edición domingo).