La comisión Lava Jato no solo investiga a los funcionarios que recibieron presuntos sobornos de las empresas brasileñas para adjudicarse obras públicas, sino también analiza el aparato legal que se creó para beneficiar a estas constructoras. Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) consideró que en este aparato jugaron un rol fundamental dos actores: los estudios de abogados, que asesoraron a las firmas brasileñas, y las empresas encargadas de supervisar las obras.El legislador confirmó que la comisión Lava Jato, hasta el momento, tiene en el radar a 19 empresas supervisoras y 30 estudios de abogados.