En la comisión de Constitución del Congreso las políticas públicas se diseñan a la inversa: primero redactan el predictamen para su eventual aprobación y luego recién piden la opinión de los especialistas. Al menos eso ocurre en el proceso de regulación del delito de financiamiento ilícito de los partidos.El pasado martes, los congresistas miembros de este grupo iniciaron el debate con el predictamen en mano, sin lograr mayores avances, más allá de la oposición que mostraron los parlamentarios apristas Jorge del Castillo y Mauricio Mulder.Este último deslizó la posibilidad de que una regulación sobre financiamiento ilícito de partidos podría beneficiar a quienes actualmente ya son investigados por lavado de activos, bajo la supuesta premisa de que se estaría reconociendo que dicho comportamiento no está tipificado en el Código Penal.Esta duda fue absuelta ayer en la comisión de Constitución por el abogado penalista César Azabache. "Es un argumento completamente errado", apuntó.(Edición sábado).