La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) dejó en manos de las instancias nacionales la resolución del indulto otorgado a Alberto Fujimori por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.Sin embargo, dicha decisión es parte del seguimiento al cumplimiento del fallo de ese organismo contra el Estado peruano por el caso Barrios Altos y La Cantuta.Por ello, han pasado desapercibidas una serie de exigencias pendientes en este caso, al que el organismo supranacional sigue atento, algunas de las cuales pueden generar polémica.En un primer punto, la Corte señala que es deber del Estado investigar los hechos para determinar a las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos.Al respecto, la abogada experta en asuntos internacionales Delia Muñoz explicó a Correo que la investigación al Grupo Colina se realizó, pero el punto aún se encuentra abierto por el indulto otorgado a una de las personas comprendidas dentro de los resultados."La Corte está ordenando que se realice el control constitucional para ver si la pena impuesta afecta o no la reparación a la que tienen derecho las víctimas", indicó.