El superintendente de Odebrecht, Jorge Barata, y la filial de la constructora en el Perú estarían por retirarse de la colaboración eficaz con el Ministerio Público. De hecho, las negociaciones están cortadas desde hace algunos meses, según ha podido constatar La República.Barata y Odebrecht Perú consideran que no han obtenido nada desde que en noviembre del 2016 firmaron el preacuerdo de colaboración con el Ministerio Público y entregaron información importante al Equipo Especial.Al contrario, dicen, desde que revelaron los pagos por los contratos de la Interoceánica, el Metro de Lima, la Vía Expresa Callao, la Vía de Evitamiento Cusco y los aportes a las campañas políticas, han sido perseguidos por el Estado.Odebrecht es la única empresa a la que el Ministerio de Justicia aplica las restricciones económicas que impone la Ley N° 30737, que reemplazó al Decreto de Urgencia N° 003, habiendo creado el fideicomiso para el pago de una futura reparación civil.Otras empresas peruanas y extranjeras vinculadas a Lava Jato, que han guardado silencio, han podido vender sus propiedades, retirar sus ganancias o seguir invirtiendo en el Perú.