Victoria Espinoza García, elegida alcaldesa provincial del Santa (Áncash) en el 2014, recibió el último miércoles una nueva condena por el delito de colusión, debido a la compra irregular de semáforos inteligentes en su gestión.En el 2015, Espinoza había sido suspendida del cargo debido a una condena por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, dos años después, logró la absolución en la Corte Suprema a través de un recurso de casación.La alcaldesa del Santa, quien ahora postula a gobernadora de Áncash, es una de las cien autoridades sancionadas entre el 2015 y el 2018 durante el ejercicio de sus funciones.Una revisión de los expedientes en los registros digitales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) muestra que, en estos últimos tres años, 31 autoridades subnacionales fueron vacadas y 12 fueron revocadas.Además, 57 fueron suspendidas de sus funciones y 42 de ellas -todas alcaldes- mantienen la suspensión a la fecha.De todas estas autoridades sancionadas, 15 fueron condenadas en última instancia. Otras seis tienen sentencias condenatorias que han impugnado en busca de una absolución.Áncash es la región en la que más autoridades fueron sancionadas en este último período regional y municipal.