Las conversaciones telefónicas de abogados, jueces, fiscales, consejeros y políticos interceptados legalmente por la fiscal contra el crimen organizado del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, dan cuenta de la existencia de un mega cartel jurídico, con extensas ramificaciones en el Estado.Sus integrantes se llaman entre sí "hermanito". La policía y la fiscal Sánchez los bautizaron como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Su alcance se extiende a todo el sistema judicial: Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura (Amag), Asociación Nacional de Magistrados del Perú, Oficina de Procesos y podría llegar hasta el Congreso.Aún no está claro si este cartel tiene una sola cabeza. Por el contenido de los audios y lo que señalan diversas fuentes judiciales confluyen allí de dos a tres redes de influencia y corrupción. Además, gravitan otros grupos con intereses comerciales y políticos, que se expresan a través de los empresarios Mario Mendoza y Antonio Camayo.