El Hotel Sheraton y la Plaza de Armas de Piura fueron -según el testimonio de un colaborador eficaz- los puntos de encuentro para la entrega de dinero a dos actuales congresistas, a cambio de que apoyen los proyectos que permitieron al hoy presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, mantenerse en la administración de la azucarera Tumán. La investigación, a cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, concluye que los parlamentarios Marisol Espinoza Cruz (APP) y Javier Velásquez Quesquén (APRA) desarrollaron la labor de operadores políticos dentro del Congreso de la República.El 2 de diciembre del 2010, el Congreso debatió la Ley N°4363/2010-CR, que proponía establecer medidas para viabilizar el régimen de las empresas agrarias azucareras. La norma protegía a las azucareras Cayaltí, Tumán y Pomalca, siendo las dos últimas administradas por el Grupo Oviedo. La citada disposición ampliaba el plazo para que las empresas no sean embargadas por sus deudas millonarias.Durante el debate, el congresista Javier Velásquez Quesquén pidió poner las cosas en contexto, porque -según él- se quería dar a entender que la ley solo favorecía a una persona (Edwin Oviedo).(Edición domingo).