Solo hace falta recorrer los alrededores del Ministerio Público, el Poder Judicial y otras dependencias públicas para darnos cuenta de que el "negocio de la justicia" dentro de estas instituciones es un cáncer, casi normalizado, en los procesos que se llevan a cabo.Todos los fiscales y jueces que cometen un delito (hasta el nivel superior) son investigados por el órgano de control interno del Ministerio Público; y los jueces supremos, a nivel jurisdiccional, a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).La Fiscalía de Control interno tiene como función investigar la conducta funcional de los fiscales desde el punto de vista administrativo. Sin embargo, cuando a los magistrados se les atribuye la comisión de delito, pasan a una investigación preliminar para que el mismo fiscal de la Nación se pronuncie aprobando o no el procesamiento de un magistrado y pase a ser investigado por la fiscalía encargada de delitos cometidos por funcionarios públicos.Hasta junio de este año, la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público ha registrado 8.046 denuncias (de tipo penal) sobre fiscales, jueces y trabajadores; de estas denuncias, están bajo proceso 7.904. Mientras que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios tiene 5.811 denuncias de las cuales ha atendido 5.343.Sin embargo, la propia corrupción dentro de los órganos de control, sumado a la carga procesal, hace que muchas de estas denuncias queden sin efecto.