Un grupo minoritario de fiscales intentó agudizar ayer la aparente división que existe en el Ministerio Público para forzar una salida ilegal que consistiría en el reemplazo del actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por una comisión de fiscales superiores o provinciales o, en su defecto, por la fiscal suprema Zoraida Ávalos.Pero nada es casualidad. La difícil jornada en el Ministerio Público coincidió con una marcha contra el fiscal de la Nación convocada por gremios sindicales, organizaciones no gubernamentales (ONG), y partidos y colectivos de extrema izquierda. El tinglado estaba preparado. Varios medios fueron convocados a la avenida Abancay porque "habría novedades".Lo que no calcularon los promotores de la orquestada protesta es que la gran mayoría de magistrados -calculada en un 60 %- ha expresado su voluntad de seguir trabajando por el fortalecimiento institucional que es; otro grupo menor, de alrededor de 30 %, ha planteado que se busque una salida en el marco de la Constitución y la ley; y solo una minoría ruidosa -no más del 10%- está por la designación a dedo de un nuevo fiscal de la Nación.Todo se inició con la difusión ayer de un documento preparado hace una semana. Los magistrados de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio suscribieron un pronunciamiento en el que exigen al Congreso la suspensión del fiscal de la Nación y de los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez mientras se esclarecen los cargos presentados contra ellos por una fiscal provisional.El insólito documento es suscrito por los fiscales provinciales Marita Barreto y Carlos Meza Trujillo y los fiscales adjuntos provinciales Telmo Ramón Zavala, Julianna Chávez Hernández, Freddy Niño Torres, Alcides Alarcón Páucar y José Manuel Espinoza.Los magistrados también piden que el Ministerio Público sea declarado en emergencia y que se conforme una "junta de transición" presidida por la fiscal suprema Zoraida Ávalos e integrada por otros magistrados de "intachable trayectoria" que se encargaría de conducir el Ministerio Público hasta que se reactive el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) o "lo que mejor favorezca al sistema jurisdiccional del país".