La adenda al contrato de concesión del aeropuerto internacional de Chinchero es una estafa para el Estado peruano. El perjuicio económico directo de la adenda supera los US$ 40 millones. Pero, el daño indirecto podría llegar a más de US$ 300 millones.Chinchero es una asociación público privada (APP). El propósito del contrato original era que un inversionista privado construyera el aeropuerto a su cuenta y riesgo a cambio del usufructo de la concesión durante 40 años. Todos deberían haber ganado. Ganaba el Estado porque solo se hacía cargo del 29 % del financiamiento del aeropuerto. Ganaba el concesionario porque tenía un negocio con demanda asegurada durante cuatro décadas. El consorcio Kuntur Wasi (KW) ganó la licitación en abril de 2014 con una oferta de US$ 265 millones. Sus competidores ofertaron US$ 348 millones y US$ 411 millones. De acuerdo con el contrato, el Estado debía devolverle a KW su inversión de US$ 265 millones más intereses a partir del sexto año de la concesión, una vez que el aeropuerto estuviera terminado.El contrato original tenía dos problemas: 1) No fijaba el plazo que tenía KW para presentar su propuesta financiera; 2) No especificaba la tasa de interés del financiamiento. Pero el Estado tenía la sartén por el mango, pues el contrato le daba entera potestad para rechazar un esquema financiero inconveniente.