La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó incorporar el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal vigente.El dictamen plantea la incorporación al Código Penal, del artículo 359-A, para penalizar con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor a siete años a quien, infringiendo las leyes, referidas al financiamiento de organizaciones políticas, entregue, reciba, directa, indirectamente con aportaciones, donaciones u otra forma de financiamiento privado ilícito.Las penas para estos casos incluyen 120 a 350 días multa, si el agente incurre en actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia u otra forma de ingresar al sistema económico bienes cuya procedencia ilícita conozca o debía conocer.
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