El Poder Judicial incluyó a dos empresas constructoras como terceros civilmente responsables en el caso denominado el Club de la Construcción, al declarar fundada la apelación de la procuraduría especial para el caso Lava Jato.La resolución, emitida el pasado 1 de febrero por la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, comprende a las constructoras San Martín Contratistas Generales S.A. y Grupo Plaza S.A.