No solo el fiscal Germán Juárez, quien sorprendió la semana pasada con el allanamiento de 14 inmuebles, ha tomado medidas contra los árbitros que, de acuerdo a su tesis, favorecieron irregularmente a la empresa Odebrecht con laudos arbitrales que demandaron pérdidas millonarias para el Estado peruano por hasta US$254 millones. También lo hizo el procurador ad hoc Jorge Ramírez.Desde diciembre pasado, las propiedades de cuatro de los 19 árbitros implicados en este aparente fraude están congeladas por orden del juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Manuel Chuyo.