Los procesos de extradición de los investigados por corrupción están generando altos costos para el Estado Peruano. Es lo que viene ocurriendo con los casos del ex presidente Alejandro Toledo, el empresario Gustavo Salazar y la ex funcionaria Mariella Huerta. Los tres están prófugos en Estados Unidos, pese a tener órdenes de prisión preventiva por las investigaciones que se les siguen por participar en presuntos pagos de sobornos de la constructora Odebrecht.A los gastos operativos asignados a la procuraduría del Caso Lava Jato, se suma la asesoría contratada del estudio estadounidense Foley Hoag, por US$1’082.070, para lograr que los tres investigados enfrenten a la justicia peruana. El monto fijado no contempla los gastos administrativos ni los impuestos a pagar en ese país.