Para conseguir los millonarios contratos de obras públicas, las empresas integrantes del llamado "Club de la Construcción" necesariamente debían contar con la complicidad de funcionarios con capacidad de decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del organismo Provías Nacional. Con el propósito de captar a los servidores públicos encargados de asignar los proyectos, las compañías que eran parte de la trama acordaron pagar sobornos equivalentes al 3% total del costo de la obra.De acuerdo con las declaraciones de colaboradores eficaces que pertenecieron al "Club de la Construcción", ofrecidas al fiscal Germán Juárez Atoche que investiga el caso, el 3% era dividido de la siguiente manera: 2,35% para el exasesor del MTC Carlos García Alcázar; 0,15% para el operador Rodolfo Prialé de la Peña, y 0,5% para los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Provías Nacional que tenían participación directa en las licitaciones.