En la mañana del pasado 5 de enero, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, citó a su personal de confianza a la sede del Ministerio Público de la avenida Abancay. Fue una convocatoria inusual, pues era sábado. Aunque el motivo era obvio: el allanamiento que había tenido lugar días antes en la oficina de su asesor Juan Manuel Duarte, en el piso 9.La intención del fiscal José Domingo Pérez con esa diligencia fue incautar documentos que confirmaran el vínculo que existía entre Chávarry y Fuerza Popular, agrupación política que está siendo investigada por el equipo especial del caso Lava Jato. Su hipótesis era que ese partido "había capturado" al Ministerio Público para evitar a la justicia.La noche del viernes, la asesora Rosa María Venegas recibió la llamada telefónica del secretario general de la Fiscalía, Aldo León, quien le había consultado si estaba enterada de la intervención que encabezó el fiscal José Domingo Pérez. Ella, que ese día sufría de un dolor de cabeza, respondió que sí. Pero no fue advertida de lo que sucedería al día siguiente.