Han pasado más de dos años desde que en diciembre de 2016 estalló el caso Odebrecht en Perú y, desde esa fecha, las oficinas de la empresa brasileña y los exclusivos inmuebles de sus principales ejecutivos, como Jorge Henrique Simoes Barata y Raymundo Nonato Trindade Serra, no han sido allanados ni embargados por la Fiscalía ni la Procuraduría.Esa decisión tomada por las autoridades del sistema de justicia y del Ejecutivo ha permitido que Barata y Trindade Serra puedan realizar rápidos movimientos de sus propiedades en Registros Públicos.Se trataría de una estrategia legal para evitar posibles embargos futuros ante eventuales nuevos casos posteriores a la probable firma del acuerdo de colaboración de Odebrecht y del mismo Barata con el Estado peruano.