El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, en su presentación del pasado 18 de marzo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no entregó a sus colegas parlamentarios el informe del peritaje de la Policía Nacional ni el dictamen fiscal que confirma que hubo cinco adulteraciones e irregularidades en la resolución del Tribunal Constitucional (TC), del 16 de julio de 2013, que afectaría económicamente a unos 50,000 bonistas.Al ser consultado por EXPRESO sobre esta omisión, el legislador Javier Velásquez Quesquén respondió: "Eso no podía estar en el informe porque eso está en un proceso judicial en curso. En el Parlamento nadie lo ofreció como prueba. Lo mencionaron, pero no lo ofrecieron como prueba".¿Por qué era importante que los congresistas conocieran el peritaje que el mencionado legislador no les mostró? Se trata de un detallado informe de 29 páginas, elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la PNP, fechado el 14 de agosto de 2015, que arriba a diez conclusiones.Cabe precisar que el peritaje fue entregado a EXPRESO por el abogado de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), Mario Seoane.En cinco de las conclusiones, se encuentran adulteraciones en las hojas impresas del fallo del TC, en las que en casi todas se utilizó el conocido corrector "liquid paper".(Edición domingo).