La Procuraduría ad hoc solicitó al Poder Judicial que las exsocias de Odebrecht (Graña y Montero, JJC e IGGSA, así como la Concesionaria Interoceánica Sur - Tramo 2) sean incorporadas como terceros civiles responsables en la investigación por la Interoceánica Sur, tramo 2.Ahora, la defensa del Estado acaba de pedir de manera preliminar US$ 182 millones de de reparación civil.El procurador Jorge Ramírez indicó a la jueza María de los Ángeles Álvarez Camargo que en el gobierno de Alejandro Toledo se emitieron informes que habrían favorecido a Odebrecht.