La Contraloría General lamentó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) porque, según afirmó, imposibilita el ejercicio de su facultad de sancionar administrativamente a los funcionarios y servidores públicos que han incurrido o incurran en inconducta funcional.La institución advirtió que la resolución del TC constituye una seria afectación a la lucha contra la corrupción y favorece la impunidad administrativa, por lo cual anunció que presentará una propuesta legislativa que restablezca su potestad sancionadora.