Empresas a las que autoridades atribuyen pertenecer a la organización conocida como el Club de la Construcción, porque concertaban ilegalmente la asignación de millonarias obras públicas como la habilitación o refacción de centenares de kilómetros de carreteras, mantienen vigentes demandas arbitrales contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por un monto que supera los 323 millones de soles.Individualmente o en consorcio, empresas como las brasileñas Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Mota Engil, y peruanas como ICCGSA, Obrainsa, JJC Contratistas Generales, investigadas por su presunta participación en la repartija de millonarios contratos con la entidad Provías Nacional, son entre otras las que han interpuesto los arbitrajes con el propósito de obtener resarcimientos económicos.