El 7 de marzo del 2018, el entonces presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, solicitó la creación de diez plazas para el nombramiento de altos funcionarios del Poder Legislativo, entre ellos, el fujimorista Luis Mejía Lecca, para la Oficina de Defensa de las Leyes, y el fujimorista Wilfredo Ponce de León Pandolfi, como titular de la Oficina de Asesoría Jurídica. Después de contratados, los dos funcionarios luego participarían en presuntas acciones de obstrucción a las acciones de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que investiga a Keiko Fujimori y a la cúpula de Fuerza Popular.Mejía está preso por haber intentado comprar a falsos aportantes de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, residentes en el departamento de San Martín, para que cambien de versión ante los fiscales del Equipo Especial; y Ponce de León es investigado por las autoridades por haber abordado a dos declarantes del mismo caso relacionados con el testigo protegido y congresista fujimorista Rolando Reátegui Flores. El testimonio incriminatorio de Reátegui fue uno de los que los fiscales del Equipo Especial presentó a los tribunales para requerir la detención preventiva de Keiko Fujimori.