El conflicto generado por el rechazo a Tía María no es nuevo. Desde el 2009, este proyecto minero de Southern Perú ha sido fuente de protestas con víctimas mortales. Ya en abril del 2011, durante el gobierno de Alan García, la Defensoría del Pueblo reportó tres civiles fallecidos durante una paralización en Arequipa. Luego, a mediados del 2015, en la gestión de Ollanta Humala, hubo otros tres civiles y un policía muertos.En buena cuenta, van siete víctimas mortales de un conflicto que ya lleva una década sin claros visos de solución.La cifra, sin embargo, es apenas una muestra de un grave problema y el reflejo de un patrón de gestión ineficiente de los conflictos sociales por parte de los gobiernos que sucedieron al régimen de los noventa.Según información sistematizada por La República, con reportes oficiales de la Defensoría del Pueblo y datos recopilados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), desde el 2002 hasta la fecha ya se han registrado al menos 299 personas fallecidas, entre civiles y policías, como producto de los conflictos sociales.