El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, afirmó esta semana que ninguna institución del Estado puede dejar de dar información a los integrantes de dicho grupo. La PCM precisó a El Comercio por escrito que en un contexto de disolución del Congreso, los miembros de la Permanente "tienen derechos funcionales limitados", y únicamente pueden "examinar los decretos de urgencia dictaminados en el interregno parlamentario", de acuerdo con la Constitución. Por lo tanto "se seguirán atendiendo solicitudes" dentro de esa competencia.